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Abandonar la Escena del Accidente (Choque y Huida)

Cuando se produce un accidente vehicular, las leyes de tránsito estatales requieren que los conductores involucrados sigan determinados procedimientos inmediatamente después del incidente. En la mayoría de los estados, debe seguirse el procedimiento específico dependiendo de si el accidente:

solo provocó un daño a una propiedad (p. ej., chocó un vehículo estacionado);
provocó lesiones a terceros (p. ej., a otro conductor, a un pasajero o a un peatón);
provocó la muerte de una persona (p. ej., a otro conductor, a un pasajero o a un peatón).
Típicamente, las leyes de tránsito estatales requieren que todo conductor involucrado en un accidente detenga su vehículo tan pronto como sea seguro hacerlo e intercambie su identificación y su información de contacto con el otro conductor involucrado en el incidente.

Si un conductor choca con un vehículo en el que no hay nadie o con otro bien estacionado, la mayoría de los estados dispone que haga un esfuerzo razonable por identificar al dueño de dicha propiedad y ponerlo en aviso sobre lo sucedido. Por ejemplo:

tomar nota del número de licencia del vehículo si se daña un auto estacionado;
dejar un aviso escrito en la escena (con la información que identifica al conductor) si se daña otra propiedad.
Luego de un accidente que involucra lesiones, los conductores por lo general tienen la responsabilidad legal de seguir los pasos razonables para ayudar a cualquier persona lesionada, lo que incluye llamar a los servicios médicos de emergencia, y denunciar el accidente a un oficial del orden público local.

Todo conductor que no cumpla con sus responsabilidades después de estar involucrado en un accidente puede ser objeto de, como mínimo, una multa de tránsito. En algunos casos, en especial cuando el accidente provoca una lesión o la muerte, el conductor que abandona la escena del accidente puede estar sujeto a cargos penales graves como “delito grave por choque y huida”.

 

Acoso cometido y órdenes de restricción

Si bien los fiscales pueden acusar a alguien de acoso criminal, las víctimas de abuso o acoso también pueden solicitar al tribunal una orden de protección u orden de restricción para prohibir que alguien adopte conductas acosadoras.

Las órdenes contra el acoso y las órdenes de restricción suelen interponerse en situaciones de violencia doméstica.

Tales órdenes provienen de los tribunales civiles, pero la violación de estas órdenes judiciales puede constituir un delito penal independiente o el desacato al tribunal civil. El incumplimiento de una orden de protección también puede aumentar la gravedad de cargos por acoso, acoso cometido o amenaza.

Clasificación de Delitos en los Estados Unidos

En los Estados Unidos, los delitos se clasifican según su seriedad. Para los crímenes contra la propiedad, la gravedad de un delito es generalmente proporcional al valor de la propiedad tomada o dañada: cuanto mayor es el valor de una propiedad, más serio el deltio.

Para los crímenes contra personas, el mismo principio se aplica a las lesiones corporales infligidas sobre individuos: Entre mayor es la lesión, más serio el delito. Sin embargo, otros factores pueden influenciar la seriedad de un delito.

Estos factores incluyen si el demandado tenía antecedentes penales anteriores; si el demandado cometió el delito con crueldad, mala voluntad, intento, o en indiferencia imprudente de la seguridad de otra persona; y si la víctima era un miembro de una clase protegida (e.g., menores, minorías, jubilados, inhabilitados, etc.). Así, un delito menos serio se puede hacer más serio por la presencia de estos factores adicionales, y un delito más serio se puede hacer menos serio por su ausencia.

Hoy en día cada jurisdicción de los Estados Unidos contempla la distinción entre los delitos graves y los delitos menores. Sin embargo, la mayoría de las jurisdicciones han añadido un tercer-tipo de delito, típicamente llamado una infracción. Aunque las definiciones de los delitos tienen diferente significado en las diferentes jurisdicciones, comparten algunas características comunes.

 

Delitos Graves, Delitos Menores e Infracciones

El poder de definir un delito y de clasificarlo como un delito grave, un delito menor, o una infracción está solamente en la ley a nivel federal. Las cortes federales no tienen el poder de castigar ningún acto que no sea prohibido por el estatuto federal.

En el siglo XVIII en los Estados Unidos, las cortes tuvieron el poder de definir delitos y de establecer las clasificaciones para los delitos. Estas ofensas eran conocidas como delitos del derecho común. A principios del siglo XIX, los delitos federales del derecho común eran atacados cada vez más como violación del mandato de la separación de poderes establecida por la constitución de los Estados Unidos. El artículo primero de la constitución otorga al congreso el poder de hacer ley, mientras que el artículo tercero otorga a la judicatura el poder de interpretarlo y de aplicarlo. De esta manera, les está impedido a las cortes federales definir delitos o crear las clasificaciones para los delitos.

La mayoría de los estados han abolido los delitos del derecho común. En estos estados se le ha dado a la legislatura la responsabilidad de definir el comportamiento ilegal (el Poder Ejecutivo en algunos estados y vía decretos, reglas y regulaciones administrativa, juega una función limitada de legislación). En la minoría de los estados que todavía reconocen delitos del derecho común, no les está permitido a los jueces crear nuevos delitos en la ley.

 

Acoso
El acoso abarca un amplio espectro de conductas sujetas tanto a una sanción penal como a responsabilidad civil. Por el lado penal, los estados tienen un abanico de leyes penales que prohíben el acoso en muchas formas, lo que incluye delitos generales de acoso y formas específicas de acoso, como el acoso cometido y el acoso cibernético.

 

Acoso penal contra acoso civil

El acoso criminal no debe confundirse con la forma en que el término “acoso” se utiliza a menudo en contextos tales como demandas por discriminación laboral. Las leyes federales y estatales prohíben la discriminación contra determinados tipos de personas en ciertas situaciones, como en el trabajo o en materia de vivienda. En estos contextos no penales, la víctima puede interponer una demanda civil privada contra el acosador al alegar que el acoso constituye una discriminación.

Por otra parte, el acoso criminal suele limitarse a la ley estatal. Los estados difieren en su definición de acoso criminal. En general, el acoso criminal implica hostigar intencionalmente a otra persona con una conducta que tenga la intención de alarmar, molestar, atormentar o aterrorizar. No todas las pequeñas molestias constituyen acoso. En cambio, la mayoría de las leyes estatales requieren que la conducta cause una amenaza creíble a la seguridad de la persona o de su familia.

Si bien las leyes estatales contra el acoso no son iguales, todas suelen tomar en cuenta diferentes niveles y métodos de acoso. Los estatutos penales independientes o uno general en materia de acoso pueden enumerar varias formas de comunicar el acoso, entre ellas, llamadas telefónicas, correos electrónicos y demás formas de comunicación. Si hubo o no razón legítima para la comunicación se convierte en un factor conforme a las leyes contra el acoso de muchos estados.

Los cargos por acoso pueden variar de un delito menor a uno grave de alto nivel. En muchos estados, las personas acusadas de acoso recibirán un cargo superior si previamente han sido declaradas culpables de acoso, de amenazas o de un delito de violencia doméstica. El acoso de parte de alguien que viola una orden de restricción también puede suponer un cargo de alto nivel. Algunos estados elevan los cargos si el acoso se realiza contra alguien por motivos de raza, color, nacionalidad, ascendencia, sexo, religión, prácticas religiosas, edad, incapacidad u orientación sexual.

 

Acoso cibernético

Algunos estados han promulgado leyes específicas contra el acoso a alguien en línea. El “acoso cibernético” generalmente se refiere a acosar a alguien a través de Internet, por correo electrónico, por mensaje de texto o por otro medio de comunicación electrónica. Muchos estados han revisado sus leyes contra el acoso cometido o el acoso para incluir explícitamente el acoso en las comunicaciones electrónicas. Algunos estados también castigan acciones semejantes al acoso cibernético en virtud de las leyes destinadas a usos indebidos de las computadoras o redes de comunicaciones electrónicas.

La ley federal tipifica como delito el “transmitir en el comercio interestatal” (que incluye Internet) una comunicación que contiene una amenaza de secuestrar o dañar físicamente a alguien.